No habrá nuevos 'Soplaos
JOSÉ IBARROLA
Estos días se ha presentado en FITUR el "gran activo" que para Cantabria representa su patrimonio subterráneo, con todos los parabienes del Gobierno regional. Sin embargo, esa actitud de nuestras instituciones choca frontalmente con otras iniciativas poco conocidas. Recientemente, el Gobierno de Cantabria, a través de su servicio de Protección Civil, ha anunciado que cobrará los rescates efectuados tanto en montaña como en cavidades en aquellos casos en los que la intervención se derive de actuaciones «realizadas en situación de avisos a la población de fenómenos meteorológicos adversos en actividades que pueden conllevar un incremento del riesgo derivado de esa meteorología adversa». Aparentemente es una decisión contra la que parece que no cabe objetar nada: si una persona o personas decide correr un riesgo que va más allá del considerado asumible por el sentido común, es lógico que, en caso de que su "imprudencia" de lugar a una intervención por parte de los servicios del Estado, se le haga responsable de los gastos generados.
Y sin embargo, somos muchos los que creemos que esta medida tiene una serie de "trampas" que a primera vista pudieran pasar desapercibidas, y que el objetivo de Protección Civil es muy otro: amedrentar a los espeleólogos y desincentivar las visitas espeleológicas en las cavidades de Cantabria.
En primer lugar, habría que aclarar cómo se determina la influencia de esa meteorología adversa en los hipotéticos accidentes o incidentes que pudieran acaecer. Es decir, si nuestro entrañable "hombre del tiempo" anuncia lluvias para Cantabria (cosa habitual), ¿debemos los espeleólogos quedarnos el sábado en casa o podemos salir a practicar nuestro deporte favorito? En realidad, como cualquier persona que haya practicado esta actividad sabe, esta disyuntiva es una falacia: un enorme porcentaje de las cavidades de Cantabria no presenta problemas en condiciones meteorológicas adversas (si bien es cierto que muchas de las "clásicas" cuentan con cursos activos que pueden ponerse "feos" en caso de fuertes lluvias). El sentido común (y el conocimiento y la experiencia acumulada) nos permite saber dónde podemos y dónde no podemos ir. Aunque parezca de Perogrullo, no estaría de más recordar que el primer interesado en salvaguardar su integridad física es el propio espeleólogo. Sin obviar que (como en cualquier colectivo) puede ser cierto que existan casos de espeleólogos que "se la buscan", lo cierto es que el 99,9% del colectivo tiene buen cuidado en saber dónde y en qué condiciones se mete.
Pero eso no es óbice para que los accidentes/incidentes se den. Y lo que es más, siguiendo la lógica del castizo refrán del cántaro y la fuente, es bastante más probable que esas incidencias afecten a espeleólogos veteranos que a novatos poco duchos en la materia. El flujo de aguas subterráneos podrá ser una ciencia (hidrogeología), pero a efectos prácticos, tiene un elevado porcentaje de imponderabilidad: muchos de nosotros nos hemos encontrado con situaciones inesperadas (con previsiones meteorológicas de todo pelaje) que nos han supuesto más de un remojón inesperado, y no por ello nos consideramos alocados o irresponsables. Por otra parte, con las mayores nevadas de la región hemos accedido (y accederemos) a un montón de cavidades en las que la circulación de los ríos subterráneos no presentan problemas en ninguna circunstancia.
A este argumento se pudiera oponer otro: bueno, sólo se aplicará la tasa cuando el incidente se deba directamente a esa situación meteorológica adversa ya previamente advertida por la autoridad competente. Pero, ¿quienes van a ser los técnicos que determinen la negligencia (o su ausencia) en caso de intervención? ¿Los efectivos de Protección Civil? Sin menoscabar su profesionalidad, tendrán que reconocer que el medio subterráneo es algo completamente ajeno a su experiencia; de ahí que el servicio de rescates subterráneos en Cantabria esté privatizado. Entonces, ¿dictaminará la empresa o empresas que en cada momento tengan la concesión de dicho servicio? De nuevo, sin poner en duda la profesionalidad de nadie, todos tendemos a ser "estómagos agradecidos", y parece obvio que si las "preferencias" del contratante apuntan en la línea punitiva, los informes tenderán a ir en esa misma dirección. No nos escandalicemos ni nos la cojamos con papel de fumar: por todos es conocido cómo en multitud de ocasiones, los supuestos informes técnicos son punto menos que un papel en blanco y una firma, a expensas de lo que dictamine el supuesto organismo que teóricamente debe ser informado. El gran problema que los firmantes (y muchos más) vemos es claro: la indefinición. Y la indefinición trae consigo inseguridad (jurídica y económica, en este caso).
Por otra parte, la forma de presentar esta medida es bastante torticera. Pretende dar la imagen del espeleólogo como persona inherentemente irresponsable, poco más que un atolondrado adolescente al que hay que castigar para enmendar su comportamiento poco reflexivo.
Para ello, basta con echar un vistazo a las estadísticas. Un buen número de los abajo firmantes (que además de espeleólogos somos profesores, ingenieros, padres de familia, albañiles, hinchas del Racing, administrativos.y también votantes y contribuyentes, sí, con escasas ganas de destinar nuestros impuestos a arreglar los problemas de descerebrados) hemos participado en la mayor parte de los rescates de las dos últimas décadas en Cantabria, en algunos casos como coordinadores de los mismos. Y sabemos que el número de intervenciones es excepcionalmente bajo para la cantidad de personas que en fines de semana y períodos vacacionales se mueven por el subsuelo de Cantabria (dejando pingues beneficios en zonas como el Asón o Liébana, no lo olvidemos). Y además, sólo en un reducidísimo número de intervenciones éstas se vieron motivadas por decisiones o actitudes irresponsables de los afectados (lo reitero, los espeleólogos no tienen un componente suicida más elevado que el común de los mortales).
Todos estos apuntes (cabrían muchos más) nos llevan a pensar que desde Protección Civil la intención no es tanto penalizar a los (escasísimos, repetimos) espeleólogos irresponsables, como generar un clima de miedo, indefinición e indefensión que haga que cada vez nos retraigamos más a la hora de practicar nuestra actividad. De esta manera, Protección Civil se quita un problema potencialmente muy grave, como es el hecho de tener que enfrentarse a un rescate subterráneo de gran envergadura, escenario para el que (no nos engañemos) no están ni remotamente preparados. Es decir, en lugar de tratar de poner los medios para suplir las deficiencias que les impiden hacer frente a este hipotético problema, optan por cortar el "problema base" de raíz. Dicho de otro modo: muerto el perro.
No se trata de una actitud nueva. Desde hace mucho tiempo, los espeleólogos hemos denunciado la conculcación de nuestros derechos por parte de la administración de Cantabria en este aspecto. Recordemos, sin ir más lejos, las habituales negativas a otorgar permiso por parte de la Consejería de Cultura (a instancias de Protección Civil) para las visitas a cavidades, aludiendo al hecho de que "no existían equipos de rescate". La normativa en la que la Consejería se ampara para denegar o aceptar un permiso tiene como finalidad proteger el patrimonio cultural (fin, por supuesto, más que loable), y sin embargo, los motivos a los que alude para la denegación nada tienen que ver con esa protección. En Derecho, esto es lo que se llama un "desvío de poder" (tal y como recoge la Ley de Procedimiento Administrativo), siendo por tanto un procedimiento arbitrario e injusto.
Para finalizar, quizá muchos de ustedes consideren que es demasiado hablar y discutir por el "hobby" de cuatro gatos, que al final se perciben como una mera fuente de problemas. A ello nos gustaría oponer una serie de razones. En primer lugar (ya mencionado) aunque modesto, es un colectivo que nutre las arcas de un buen número de establecimientos de las zonas kársticas de Cantabria, donde son viejos conocidos desde hace más de medio siglo. Y por otra parte, sin estos seres embarrados y poco estéticos, joyas como El Soplao (que no es sino la punta del iceberg del patrimonio subterráneo) jamás hubieran salido a la luz. Bien está que nuestros políticos patrocinen su riqueza, pero no estaría de más que recordaran que no han sido ningún Consejero ni Presidente quienes se han dejado meniscos y articulaciones explorando sus intrincados recovecos: han sido generaciones de espeleólogos anónimos, sin más recompensa que la propia satisfacción. Que el resto del iceberg pueda seguir siendo conocido dependerá de que los políticos apliquen el sentido común, y no actitudes cuasi-represivas poco entendibles y menos justificables.
* Este artículo está firmado por más de 200 personas cuyos nombres no podemos repoducir por razón de espacio
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